En honor al Día Internacional contra la Corrupción, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un informe importante, práctico y prescriptivo con recomendaciones para todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta los individuos, sobre enfoques innovadores y efectivos para combatir la corrupción. Si bien se enfocan en América Latina, las propuestas del informe, especialmente aquellas sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción, son relevantes en todo el mundo.

El informe es el trabajo de ocho académicos y profesionales de gobierno y anticorrupción convocados por el presidente del Banco, Luis Alberto Moreno, para abordar el desafío más apremiante de la región: la corrupción. La crisis de la corrupción pone de relieve la violación del contrato social. Cuando se espera que los ciudadanos voten y paguen impuestos, sin embargo, sus líderes no gobiernan en el interés público, la legitimidad democrática disminuye. Pew Research informa que el 73% de los latinoamericanos encuestados no están satisfechos con la forma en que funciona la democracia en su país. Al desviar la riqueza, la corrupción también empobrece las economías de la región. En contraste, escribe el BID, “cuando los países europeos y asiáticos mejoraron sus políticas de gobierno y anticorrupción a mediados del siglo pasado, triplicaron su PIB per cápita en relación con la mayoría de los países latinoamericanos”.

Por lo tanto, la necesidad y la urgencia de las innumerables recomendaciones legales y de políticas del informe y sus estrategias para usar las nuevas tecnologías para detectar y encaminar el fraude en el gobierno y en las empresas. Las recomendaciones innovadoras sobre el uso de nuevas tecnologías, incluyendo big data, blockchain e inteligencia colectiva, se basan en un esfuerzo realizado el año pasado por el Governance Lab en la Tandon School of Engineering de la Universidad de Nueva York para aportar tales soluciones y consejos sobre cómo implementarlas de un centenar de expertos globales. (Vea el informe de Smarter Crowdsourcing contra la corrupción aquí.)

¿Qué alternativas tecnológicas propone el BID para disminuir la corrupción en Latinoamérica?

Cadena de bloques

Por ejemplo, las tecnologías de contabilidad distribuida, de las cuales blockchain es un buen ejemplo, cuando se diseñan y gobiernan adecuadamente, pueden almacenar la identidad del usuario y la información de la transacción de forma segura y abierta. Es por eso que las jurisdicciones desde Jamaica hasta Ucrania están probando el uso de blockchain para hacer que los registros gubernamentales, especialmente los datos de contratación y adquisición, sean más transparentes y menos susceptibles de manipulación. Irónicamente, aunque la tecnología de contabilidad distribuida subyacente en blockchain puede ser una herramienta para combatir la corrupción, las transacciones de criptomonedas se basan en la misma tecnología para facilitar los tratos ilícitos y el lavado de dinero.

Esta es la razón por la cual los pilotos de la tecnología blockchain son clave, pero deben complementarse con inversiones para fortalecer la cultura y la capacidad de las instituciones públicas, incluida la capacitación en las habilidades de innovación necesarias para saber cómo y por qué adoptar la tecnología blockchain y cómo gobernar su uso responsable.

 

Big Data

La Big Data, cuando se publican como datos abiertos, es decir, en un formato que se puede reutilizar sin restricciones legales o técnicas y en un formato legible por máquina que las computadoras pueden analizar, es otra herramienta en la lucha contra la corrupción. Con datos legibles, grandes y abiertos, los que están fuera del gobierno pueden identificar y medir las irregularidades en los contratos gubernamentales, como lo hace el Instituto Observ en Brasil.

La apertura de datos judiciales, como la información sobre los tiempos de procesamiento de los casos, los sueldos de los jueces y fiscales, la información sobre los procesos de selección, como el historial académico, profesional y académico, y los puntajes de los exámenes escritos y orales, proporciona a los activistas y reformadores las herramientas para combatir a los jueces corruptos. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) (un grupo de defensa sin fines de lucro) en Argentina utiliza esos datos de justicia abierta en sus Concursos Transparentes para combatir la corrupción judicial. Jusbrasil es una empresa privada de justicia abierta que también utiliza datos abiertos para reformar los tribunales de Brasil.

Todas las jurisdicciones deben publicar la gama de datos necesarios para combatir la corrupción, como los datos completos de contratación gubernamental antes y después de la licitación, más información de “justicia abierta” sobre el proceso de enjuiciamientos y juicios, y datos de quejas de corrupción ciudadana como medio para combatir y, con suerte, para evitar que surja la corrupción.

Los datos abiertos son tanto una política como una solución tecnológica. Para tener acceso a más datos y de mayor calidad para analizar, los gobiernos deben cumplir con los estándares internacionales sobre cómo publicar datos abiertos sobre contratos gubernamentales, incluido el estándar de datos de contratación abierta y utilizar el Identificador de entidad legal global para facilitar la comparación de registros. sobre las empresas y sus actividades en diferentes bases de datos gubernamentales.

Otras recomendaciones

  • Establecer y publicar un registro de la última propiedad beneficiaria de todas las entidades corporativas y vehículos legales similares, incluidos los fideicomisos, que adoptan sanciones efectivas para un registro falso.
  • Promulgar políticas que rodeen la divulgación de los tratos financieros de funcionarios públicos y políticos.
  • Vincular las fuentes de información de cumplimiento normativo y financiero dentro de un país para que todas las autoridades (incluidas las autoridades electorales) tengan acceso a toda la información sobre una sola entidad.
  • Invertir y apoyar a quienes están fuera del gobierno, especialmente en el mundo académico y la sociedad civil, para analizar los datos del gobierno y proponer mejoras.
  • Promover la ética y la capacitación de denunciantes tanto para el gobierno como para las empresas.

 

Estas y muchas otras innovaciones pueden brindar un gran avance socioeconómico que resultaría en mayores inversiones, con menores riesgos. Además de credibilidad para inversiones, outsourcing y creación de nuevas startups en mercados emergentes de Latinoamérica para el año 2019.

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